23 de janeiro de 2010

"Haití: Emerger como un país nuevo",

Mark Schneider in Foreign Policy Edición Española

22 de enero de 2010
Foreign Policy Edición Española

Cómo la isla caribeña puede no sólo sobrevivir, sino renacer de sus cenizas como una nación moderna.

El terremoto que sacudió Haití hasta sus cimientos ha puesto en riesgo la frágil estabilidad de este país como nunca antes lo había hecho ningún desastre ya fuera natural o provocado por el hombre. Mientras el país entierra a sus muertos y quienes se han quedado sin casa reclaman agua, alimentos, refugio y medicinas, surge la pregunta de si esta nación caribeña puede avanzar desde la simple supervivencia hasta una recuperación total.

No es una cuestión nueva para un país azotado por dos siglos de mal gobierno, dividido por llamativos contrastes entre ricos y pobres, despojado de sus bosques, castigado cada año por brutales huracanes, construido a horcajadas sobre una terrible falla sísmica y situado en una de las rutas preferidas de los traficantes de cocaína. Pero es una pregunta que ha hecho trágicamente relevante el peor desastre natural de la historia del hemisferio en términos de cifras de muertos, desaparecidos y heridos.

Mientras la agenda humanitaria comienza a dar un giro hacia la reconstrucción, el establecer la seguridad va a convertirse en un formidable desafío: ya se están produciendo linchamientos y disparos contra algunos saqueadores, apenas la mitad de la incipiente Fuerza de Policía de Haití (HNP, en sus siglas en inglés) está en funcionamiento, los muros de las cárceles han cedido y sus presos andan sueltos, y el miedo entre los ciudadanos es cada vez mayor. Conseguir estabilidad depende no solo de poner en las calles a la policía haitiana e internacional, sino de crear un imperio de la ley en un país en el que los sistemas judicial y penitenciario apenas funcionaban ya antes incluso del terremoto.

Inicialmente, gran parte de la tarea relacionada con la asistencia inmediata así como el mantenimiento de la ley y el orden recaerá en las fuerzas internacionales. A pesar de la trágica pérdida de tantas vidas de funcionarios de Naciones Unidas en Haití, el Consejo de Seguridad ha reafirmado su compromiso con el país autorizando otros 3.500 soldados y policías para su misión de mantenimiento de la paz (MINUSTAH), elevando hasta casi 9.000 los efectivos del contingente liderado por Brasil, y la policía de la ONU a más de 3.500. Estados Unidos tiene unos 13.500 soldados, marineros y pilotos militares sobre el terreno, en cinco barcos, incluyendo un portaaviones en las cercanías de la costa de Haití o en camino. La República Dominicana tiene planes de enviar a 800 soldados para cumplir con la petición de la MINUSTAH y los demás países de la región están siguiendo sus pasos. Canadá ha prometido 1.000 efectivos y la UE está desplegando a 150 funcionarios de su nueva Fuerza de Gendarmería Europea.

El reto que supone la coordinación de esta coalición ad hoc es monumental y todos los implicados deben dejar a un lado su orgullo e interés nacional en favor de un bien mayor, y apoyar el mandato de coordinación de la ONU. Al mismo tiempo, la opacidad de la sociedad y la gobernanza en Haití ya frustró anteriormente los esfuerzos de las fuerzas extranjeras de mantenimiento de paz. Sin una estrecha cooperación con el Gobierno haitiano y la policía de la HNP a la cabeza -de lengua criolla y con conocimiento de las calles-, la dificultad de controlar el pillaje -especialmente en lugares como el inmenso interior de la Cite Soleil- se agravará. 

En los últimos años, la HNP había comenzado a desarrollar una recién estrenada competencia tras eliminar de sus filas a muchos culpables de violaciones de derechos humanos y de recibir sobornos. Aunque la transformación era todavía incompleta, una encuesta previa al terremoto mostraba que casi el 60% de los haitianos aprobaba la actuación de la policía -una enorme diferencia respecto a pasadas fuerzas de seguridad que eran temidas, y con razón, por los ciudadanos. 

Las sedes de la policía de Haití y muchas comisarías locales fueron destruidas en el terremoto. No obstante, para una fuerza que apenas tiene cuatro años bajo una nueva dirección, la información de que tiene casi la mitad de sus 8.000 policías en las calles esta semana supone una excelente señal. Muchos de los policías no tienen uniformes porque se perdieron en la destrucción de sus propias casas. Otros están todavía buscando a sus familiares y otros más no tienen armas. Pero están comenzando a ser visibles en las calles. Un ejemplo de la magnitud del desafío que supone alcanzar el objetivo a corto plazo de 14.000 policías formados para 2011 es que las clases de la academia de policía se graduaron en 2009 sin haber entrenado en el manejo de armas, porque no existían pistolas y balas para las prácticas de tiro.

Si el pasado nos ha enseñado algo es que investir a la policía de un reforzado compromiso hacia la infraestructura y las reformas tiene que estar acompañado de un similar compromiso hacia la reforma judicial. El gobierno de Préval ha impulsado con anterioridad leyes que crearán una academia judicial, establecerán estándares para los jueces y para investigar a los existentes y autorizarán un consejo de supervisión independiente. Junto a la reconstrucción del tribunal supremo y el nombramiento de nuevos jueces para ese organismo, estas medidas deben figurar en un lugar preeminente en la lista de prioridades. La reforma de las tristemente célebres cárceles haitianas, extraordinariamente abarrotadas y escenario de violaciones de derechos, debe ser igualmente una prioridad, especialmente a medida que la policía vuelva a capturar a los presos escapados.
            
La seguridad no termina para Haití en la policía, los tribunales o las cárceles. Depende también de los desafíos más generales relativos a la gobernanza, la recuperación económica y el desarrollo, todos ellos elementos cruciales de una estrategia de reconstrucción y estabilización tras un desastre. Claramente los comicios parlamentarios planeadas para el 28 de febrero no podrán celebrarse. Los ciudadanos deberían considerar además la opción de posponer la elección presidencial programada para noviembre hasta que se retorne a condiciones más normales. Combinar las presidenciales con las parlamentarias y locales ahorraría dinero y fomentaría la participación en las comunidades que aún no se hayan recuperados de las enormes exigencias que requerirá la reconstrucción.

Estas son cuestiones que deben abordase en una reunión "técnica" preparatoria programada ahora para su celebración en Canadá el 25 de enero antes de una conferencia formal de donantes en los próximos meses. La buena noticia es que esta reunión llega muy pronto tras producirse el terremoto y está imbuida de una gran voluntad política. Para que el proceso de recuperación tenga éxito la comunidad internacional tiene que ofrecer una respuesta masiva -y con una visión a largo plazo que definan los propios ciudadanos de Haití.

En este entorno político, económico y social tan fuertemente polarizado y fracturado, los haitianos deben unirse en un nuevo pacto social que abarque más allá de las amplias divisiones de clase, raza e ideología en favor de un bien mayor. Las bases de ese nuevo pacto brotaron hace un año, cuando se adoptaron nuevas estrategias de reducción de la pobreza y de recuperación tras los huracanes después de realizarse consultas a nivel nacional, con especial énfasis en la sanidad básica, la educación primaria, la agricultura a pequeña escala, la protección medioambiental y el desarrollo rural.

El presidente René Préval llamó al movimiento social que le propulsó hacia su victoria electoral en 2006 "L'espoir", Esperanza. Hoy es esa creencia haitiana junto a "Tèt kolé", el llamamiento criollo a la unidad, lo que deben abrazar Haití y la comunidad internacional. Sólo entonces la pregunta de si este país caribeño sólo sobrevive o emerge de las ruinas como una nación moderna podrá ser contestada de manera afirmativa.

Mark L. Schneider is a Senior Vice President and Special Advisor on Latin America at the International Crisis Group.



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